"En medio de una ola de criminalidad nunca antes vista en la región (Crisis Group, 2023), se nota una presencia cada vez mayor de actores criminales involucrados en violaciones de derechos en el espectro digital. Un ejemplo de ese tipo de dinámicas es el uso de un sistema de geolocalización de un organismo estatal por parte de un líder criminal en Ecuador para vigilar al candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio. La idea de que un grupo criminal organizado pueda acceder, en tiempo real, a datos personales sensibles de los ciudadanos enciende una alarma regional, pues lo que ocurre en Ecuador podría ya estar ocurriendo en otros países.
En cuanto a vigilancia y espionaje, se observa una tendencia cada vez mayor a la adopción de tecnologías de este tipo. Dichas tecnologías son cada vez más accesibles, especialmente para gobiernos locales. En el caso de spyware más sofisticado como Pegasus, también se ve un patrón regional cuando, mientras este informe se redactaba, el presidente de Colombia Gustavo Petro verificaba una supuesta compra irregular del spyware durante el gobierno de su predecesor, Iván Duque (El Espectador, 2024).
Colombia se convierte así en el quinto país latinoamericano del que se tiene registro de uso del software junto con México, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Este informe recomienda actualizar la metodología de trabajo en esta área, quizás hacia una dirección cualitativa, para hallar mecanismos de medición del trabajo de las organizaciones desde una mirada regional. Varios países de la región, por otro lado, enfrentan grandes desafíos con la desinformación electoral y política. Brasil, por ejemplo, intenta introducir discusiones sobre el rol de las plataformas sociales en la democracia, con el abordaje hacia la desinformación como prioridad. El Estado brasileño se ha enfrentado al poderoso lobby de grandes compañías tecnológicas en esa senda. En Bolivia, bajo una extrema polarización a raíz de la ruptura de su partido oficialista, la desinformación está ganando espacios con mayor fuerza en poblaciones rurales indígenas. En Colombia, la lucha contra la desinformación ha sido caldo de cultivo de numerosas propuestas legislativas, ninguna aprobada hasta ahora, que peligrosamente incluyen mecanismos de censura y que ponen en riesgo el ecosistema digital." (Lecciones aprendidas, páginas 27-28)